Después de veinte
años de impunidad de la masacre de la AMIA, el fallo de la Cámara Federal que
declaró inconstitucional el Memorando ha provocado una nueva crisis política.
Los ministros Alak y Timerman prometieron una apelación que no tenían pensada.
Pichetto llegó a hablar de un “gobierno de los jueces” para justificar la
parálisis y el fracaso de las iniciativas que el gobierno impulsó durante años
en el tema del atentado a la AMIA.
Se trata de un
fallo al que todas las partes apostaron buscando presentarse como ganadores. El
gobierno, para mostrar que su acuerdo con Irán era beneficioso, incluso para
Israel y la paz en Medio Oriente. Los jueces, para mantener su “independencia”
y tratar de salvar el honor después de veinte años de encubrimiento. Y
DAIA/AMIA, para mostrarse como articuladores de una oposición política que
sigue encubriendo al Estado nacional y sus reconocidas responsabilidades
criminales.
El fallo que
significó una derrota para el gobierno no avanza un centímetro en el camino del
esclarecimiento, la verdad o la justicia, llegando a sorprender por la pobreza
de sus resoluciones.
Después de
reconocer explícitamente el papel que jugó el Poder Judicial en el
encubrimiento y las desilusiones del pasado, le pone límites a los otros
poderes del Estado para preservar su propia cuota de poder. Allí donde reconoce
la “buena voluntad” del Poder Ejecutivo y del Legislativo, no puede dejar de
advertir que sus principales iniciativas políticas siguen empantanadas. “En
lo atinente a lo que se dio en llamar ‘conexión local’, ya ha padecido
terribles distorsiones en la búsqueda de la verdad y la justicia… en lo que
atañe a la denominada ‘conexión internacional’, ha sufrido una excesiva
demora. Precedidos de esa experiencia negativa, no es posible permitir que
en lo sucesivo ocurra algo que… confunda, entorpezca o siga dilatando la debida
dilucidación de lo ocurrido…” (pág. 8).
Los jueces
reconocieron que en la discusión sobre la legitimidad o no del Memorando, lo
que seestá debatiendo es la propia investigación del atentado. De manera
contradictoria, critican el Memorando porque somete una investigación realizada
en su propio espacio de poder, sin defender ni comprometerse con el contenido
de esa supuesta investigación, que ellos mismos dicen que no progresa.
Se trata de una
extensa reflexión y reconocimiento de la impotencia y el fracaso del Estado a
la hora de garantizar que las víctimas reciban –al menos- su “derecho a la
verdad”. Los jueces explicaron cuáles serían las condiciones para una salida
que dé respuesta a los reclamos de verdad, justicia y esclarecimiento del crimen
político más grave cometido en nuestro país. Plantearon dos posibles caminos.
Uno discute la
posibilidad de un “juicio en ausencia” para los iraníes, en sintonía con las
presiones recibidas por parte de DAIA/AMIA y el Estado de Israel. Los jueces
sugieren usar un mecanismo que no existe en nuestro orden jurídico. Se trata de
una propuesta temeraria, que divide sus opiniones y que, explícitamente, no
fundamenta la constitucionalidad o legalidad de esta posibilidad. Uno de los
jueces, propone que una futura ley habilite “juicios en ausencia”, mientras el
otro dice que, de ser constitucional, no habría motivo para esperar un trámite
parlamentario.
El otro camino
reconoce la importancia que una verdadera “Comisión de la Verdad” podría tener
en el esclarecimiento de crímenes como éste. “Han adquirido destacada
importancia” a nivel mundial porque “enfrentan la necesidad de
averiguar la verdad de lo ocurrido -fundamentalmente como medio de reparación a
las víctimas-, ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los
responsables… Es decir, la tarea de una comisión por la verdad puede reforzar
el posible enjuiciamiento a iniciarse en el futuro.” (pág. 66). Sin
embargo, vacilan y se niegan a impulsarla: “Si es posible,
conveniente y útil la creación de una comisión de la verdad con relación al
atentado a la sede de la AMIA que, por sobre todas las cosas, atienda al
derecho de las víctimas a conocer la verdad y a obtener el reconocimiento
oficial de la grave injusticia sufrida para que quede en la memoria de generaciones
futuras, es algo que no compete a este Tribunal decidirlo” (pág. 31).
Al igual que el
gobierno, los jueces muestran que tampoco pueden superar el fracaso y la
impunidad. Después del Memorando y este fallo, no hay lugar para alguna
alternativa creíble de nuevos juicios como los propuestos por DAIA/AMIA, que ni
siquiera existen en los códigos. Los jueces no impulsan una Comisión de la
Verdad que ellos mismos reivindican como salida para este tipo de procesos
históricos, pero los ilusiona pensar en supuestos “juicios en ausencia” que
serán discutidos por la Corte Suprema, cuando les llegue en apelación. Eligen
entonces una vía que “confunda, entorpezca o siga dilatando la debida
dilucidación de lo ocurrido…” (Pág. 8).
Desde APEMIA
llevamos años impulsando la constitución de una Comisión Investigadora y la
apertura de los archivos para esclarecer los hechos y llegar a la verdad como
único camino para superar veinte años de impunidad y maniobras políticas y
jurídicas. Después de tantos años de lucha y debates, los jueces, finalmente,
reconocieron en su fallo el valor y la legalidad de estas comisiones de la
verdad, aunque no las promuevan.
Nuestra propuesta
se plasmó en un Proyecto de Ley que presentaremos públicamente en los próximos
días junto a distintos bloques parlamentarios de ambas cámaras que la hicieron
propia.
Consiste en la
conformación de una Comisión Investigadora que funcione en el ámbito del
Congreso Nacional, conformada por una mayoría de personalidades de trayectoria
incuestionable en distintos ámbitos, representantes de los familiares de las
víctimas y diputados y senadores. Su espíritu se refleja en los antecedentes
internacionales que el fallo de Cámara cita.
La condición para
su funcionamiento es la apertura de los archivos secretos vinculados al
atentado a la AMIA, que el gobierno ya abrió para otras causas de Derechos
Humanos.
La constitución de
una Comisión Investigadora y la apertura de los archivos es la única vía que
nos puede llevar a la verdad que el Estado argentino oculta desde hace veinte
años. Y el derecho a verdad, justicia y castigo a todos los culpables es la
única salvaguarda contra la impunidad.
Buenos Aires, 17 de mayo de
2014
APEMIA
Agrupación Por el
Esclarecimiento
de la Masacre Impune de la AMIA
apemia2002@yahoo.com.ar