NECESITAMOS UNA COMISIÓN
INVESTIGADORA
CONTRA LA IMPUNIDAD Y EL
ENCUBRIMIENTO
Al
cumplirse un nuevo aniversario del atentado a la AMIA creemos necesario
formular un balance de lo sucedido en el último tiempo que nos ayude a
comprender en qué punto estamos en la lucha por el esclarecimiento de la
masacre aún impune, cuáles son las perspectivas y cómo podemos superar las
limitaciones.
En
este 21° aniversario de la masacre impune de la AMIA es necesaria una primera
observación.
Si durante años el gobierno esperaba la proximidad de un nuevo aniversario para
referirse al tema AMIA con algún anuncio o promesa que terminaban por diluir en
el tiempo, este año el tema del atentado estuvo presente en cada uno de los
momentos de crisis política desencadenados en el país, incluso en momentos de
conflictos en las relaciones internacionales.
El “caso AMIA” pasó a ser un tema relevante, pero no porque se hubiera dado
algún paso hacia el esclarecimiento sino porque puso de manifiesto su potencialidad
para provocar nuevos episodios de crisis políticas y/o como instrumento o
excusa para justificarlas.
Sólo
en los últimos meses la impunidad en la masacre de la AMIA estuvo vinculada a
los principales sucesos de la vida política:
1) La salida de Stiusso de la
Secretaría de Inteligencia y el ascenso de Milani, como manifestación de una
guerra “interna” de los Servicios de Inteligencia y su reorganización.
El
gobierno terminó por echar a quien fue su hombre clave en el armado de la
imputación contra Irán después de que dijera saber la verdad sobre quiénes fueron los responsables
del atentado y ocultarlo en nombre de los secretos de Estado;
2) La reforma de la ex Secretaría de Inteligencia ahora AFI, atenuando las
diferencias que en los últimos 30 años había entre seguridad interior y defensa
exterior, unificándolas en la cabeza de Milani;
3) La acusación del fiscal Nisman contra el gobierno por encubrimiento, y su
posterior muerte en circunstancias que hasta hoy no fueron aclaradas, en medio
de una campaña de descrédito contra el fiscal que cumplió a rajatabla las
políticas del gobierno en la última década;
4) La presión que el gobierno ejerció sobre el Poder Judicial a través del
discurso presidencial ante el Congreso de la Nación (01/03/2015) para apurar el
futuro juicio oral por irregularidades;
5)
El debate sobre el Memorando, cuyo fracaso fue reconocido por la Presidenta en
su discurso ante la Asamblea Legislativa (01/03/2014), que fue declarado
inconstitucional por la Cámara Federal (mayo 2014) y cuya renovada defensa
sirve como excusa para provocar el copamiento del Poder Judicial.
Después
de 21 años, a la masacre impune de la AMIA se la utiliza y sirve para cualquier
propósito, pero en ningún caso para su esclarecimiento. Sigue siendo un hecho
presente que el Estado no puede esclarecer y no puede terminar de enterrar.
Sólo
desde este punto de vista se pueden entender los hechos. En nombre de perseguir
a la “conexión internacional”, liberaron a quienes fueron acusados de ser la
“conexión local” del atentado. Imputaron la responsabilidad internacional a
Irán, y terminan reconociendo no tener pruebas ni contra Irán ni contra alguna
conexión local (Ver
entrevista al Fiscal Murray en Página 12
12/07/2015).
Bajo
la dirección investigativa del servicio de inteligencia del Estado, los
distintos jueces que intervinieron armaron una causa principal, causas conexas,
causas residuales… En total, más de 70 causas. Todas atomizadas, y en ninguna
de ellas -después de 21 años- se investiga el atentado a la AMIA.
La
última de las políticas ensayadas fue la Ley del Memorando.
Presentada por el gobierno como un aporte para superar el empantanamiento de la
acción judicial y la acusación que el mismo gobierno hizo contra Irán, le permitía
al Estado ponerse tras las iniciativas de las grandes potencias para llegar a un
acuerdo con Irán en materia nuclear.
Fue
la Presidenta Kirchner quien reconoció que habían fracasado; que el Memorando
que ella misma impulsó para dar una salida política no logró “destrabar” la
acción judicial (Discurso ante la Asamblea Legislativa
01/03/2014).
Más
tarde, fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el gobierno no
apeló ante la Corte Suprema como podría haberlo hecho. Ahora, el gobierno
que ya no impulsa la acusación contra
Irán parece defender el Memorando ante la Cámara de Casación, usándolo como
excusa para provocar su copamiento. Ni el gobierno cree que el Memorando sea un
“instrumento” para superar la parálisis judicial.
En
este marco, y en medio de una profunda crisis del Poder Judicial, el gobierno
apuró el inicio de un nuevo juicio por las “irregularidades y delitos”
cometidos por Menem, Galeano, Anzorreguy, etc.
Lo
hizo en su discurso ante la Asamblea Legislativa (01/03/2015) tratando de mostrarse activo y neutralizar
el reclamo que le hicimos junto a un importante número de Diputados y Senadores
para abrir los archivos secretos y constituir una comisión investigadora
independiente.
La Presidenta Kirchner lo presentó como si fuera un juicio “por el verdadero
encubrimiento del atentado” (Solicitada de Presidencia
de la Nación 04/03/2015) cuando, en realidad, apenas se propone juzgar irregularidades y
delitos cometidos contra la “causa AMIA” durante su instrucción.
Hasta
es difícil imaginar que haya presos. Menem quien ya fue condenado a 7 años de
prisión por contrabando de armas está en libertad, fue desprocesado pese a su
responsabilidad en el atentado a la fábrica militar de Río III, goza de fueros
y de protección oficial. Difícilmente esté sentado entre los acusados.
Nada
que ver con un juicio por esclarecer el atentado o su encubrimiento!.
Ni
los jueces ni el Fiscal se fundamentaron en el reconocimiento de la
responsabilidad que el Estado Nacional hizo por su papel de “encubridor
agravado” en el Decreto 812/2005.
Así
se explica por qué la plana mayor de los Poderes Ejecutivo, Judicial y de las
fuerzas de inteligencia y seguridad de entonces será juzgada por delitos
individuales y no como parte de un plan de encubrimiento articulado bajo el
amparo y la estructura del aparato del Estado.
Por
si fuera poco, el Ministerio de Justicia estará sentado como si fuera un
querellante más, cuando debiera estar sentado en el banquillo de los acusados
después de haber firmado el Decreto que reconoce su participación en este
encubrimiento del Estado.
Aunque
el juicio no se propone juzgar un plan criminal de encubrimiento y ni siquiera
se refiere al atentado mismo, APEMIA estará allí para intervenir en la
perspectiva de una acusación más amplia, denunciando al conjunto del Estado y a
sus socios por el encubrimiento. Nuestra querella hará escuchar su voz con la mira
puesta en que a los acusados se les aplique la máxima condena y todos vayan
presos.
En
los pasillos de los tribunales esperan que, tal vez, cuando este nuevo juicio
termine para fines de 2016 aparezcan derivaciones que podrían servir para
impulsar nuevas pistas sobre la comisión del atentado.
Seriamente…
Después de tantos años de manipulaciones políticas, de juicios que se
presentaron como históricos y que terminaron reconocidos como
fraudulentos, de inventar excusas
jurídicas y sin siquiera haber empezado una investigación… ¿Alguien puede creer
en el resultado de posibles nuevos juicios que se harían durante la próxima
década? ¿O en futuras investigaciones en manos del Estado con los archivos
secretos aún cerrados?
Entonces…
Se puede saber la verdad que aún nos ocultan?
La
respuesta es categórica: SÍ.
Y
ya conocemos una parte importante de esa verdad. Todo indica que fue el Estado
nacional el autor responsable del atentado criminal. Que sus fuerzas de
seguridad supieron con anticipación que el atentado iba a producirse, que
colaboraron a su realización y a su encubrimiento posterior.
Como
dijimos en el pedido de elevación a juicio: “El crimen terrorista cometido en
la AMIA, es uno de los ejemplos imborrables más recientes de la trágica
historia del Estado argentino. También en este crimen queda claro que el Estado
ha trocado sus principios tenidos como fundamentos de legitimidad por otros
ilegítimos. En este sentido, las leyes y normas jurídicas no fueron pensadas
para protegernos de aquellos crímenes cometidos por el Estado mismo…. En la
búsqueda de la verdad no hay posibilidad de esclarecimiento si no se apunta
directamente a extirpar aquello que impide el conocimiento de la verdad que es,
precisamente, la cuestión de Estado”.
En
la defensa de la “cuestión de Estado” existe un acuerdo profundo entre el
gobierno y la oposición basado en los secretos de Estado que protegieron
durante 21 años a quienes están hoy en el banquillo de los acusados y a quienes
perpetraron el crimen de la AMIA. Por eso desde el Estado articularon tanta
manipulación y ocultamiento, contando con la complicidad de la dirección de
DAIA y AMIA. Fueron -y aún son- socios indispensables del Estado en la tarea de
encubrir la verdad y las responsabilidades criminales del Estado mismo
Por
eso el gobierno y la oposición están en contra de abrir los archivos del
Estado, hacer pública la verdad, ponerla a debate en la sociedad, desmantelar
el aparato criminal y terminar con la impunidad!
Si
lo que se busca es saber la verdad sobre el crimen de la AMIA para impulsar
juicio y castigo a los culpables es
necesaria una nueva política contraria a la que el Estado Nacional nos impuso
durante 21 años.
La
condición para saber la verdad es abrir los archivos secretos que el Estado
sigue ocultando y ponerlos a disposición de una Comisión Investigadora de la
verdad, una Comisión Investigadora Independiente de las políticas del gobierno
de turno.
Presentamos un proyecto de ley donde proponemos una Comisión de este tipo,
integrada mayoritariamente por personalidades con reconocido prestigio social,
derivado de su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, la justicia,
la ciencia, la cultura y/o la solidaridad social. A ellos debieran sumarse
representantes de los familiares de las víctimas, y de diputados y senadores.
Su objetivo fundamental debiera ser el esclarecimiento integral del atentado y
el análisis de las circunstancias políticas, jurídicas, nacionales e
internacionales que lo hicieron posible o facilitaron su perpetración.
Y por eso, tanto el oficialismo como los partidos mayoritarios de la oposición,
aún con argumentos diferentes pero con el apoyo de DAIA y AMIA, se oponen a la
conformación de una Comisión Investigadora Independiente y la apertura de los
archivos secretos. Su negativa a esta propuesta tan elemental sólo se explica
en su necesidad de seguir manipulando y encubriendo los crímenes perpetrados
por el Estado argentino.
Bloquean
el debate del proyecto de ley que presentamos en el Congreso porque están en
contra del esclarecimiento y de una investigación sin manipulaciones.
Este
es nuestro balance y opiniones a 21 años del atentado criminal.
De
todos nosotros depende que el Estado y las fuerzas políticas mayoritarias no
terminen perpetuando la impunidad.
Vamos
por una Comisión Investigadora Independiente y la apertura de los archivos
secretos.
APEMIA
Buenos Aires, 17 de julio de
2015.
