Comunicado de APEMIA del 04/02/2018

CAUSA AMIA
EL GOBIERNO DESATÓ UNA CRISIS POLÍTICA 
Y 
CONSTRUYE UNA NUEVA 

“HISTORIA OFICIAL” 
DEL ENCUBRIMIENTO

El alegato presentado el jueves 1 de febrero por la querella del Ministerio de Justicia en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA desató una crisis política largamente madurada en el interior del gobierno, al servicio de las nuevas exigencias de AMIA/DAIA para defender a “valiosos” ex funcionarios y a Beraja.

El Ministerio de Justicia resolvió exculpar a los ex fiscales Mullen y Barbaccia de todos sus delitos, en particular el de haber consentido el pago de 400.000 dólares a Telleldín, como si los ex fiscales no hubieran sido parte del equipo articulador de esos delitos.

Con su alegato, Garavano y Macri pretenden minimizar este juicio, construir una nueva “historia oficial” del encubrimiento del atentado poniendo el eje en el ex juez Galeano como pato de la boda -lo consideran un simple “inepto”- y exculpar al Estado argentino por haber organizado un plan criminal de encubrimiento de la masacre impune de nuestros familiares y amigos.

Una vez más, con la excusa de esclarecer el atentado o su encubrimiento, el tema AMIA es usado para consolidar un nuevo equilibrio político. Las noticias hablan del quiebre de los vínculos anteriores del Ministro con sus sostenedores en Cambiemos: Ernesto Sanz, el Coti Nosiglia (UCR) y Carrió, y hasta con sus subordinados (Cimadevilla es aún titular de la Unidad AMIA), después de los viajes de Garavano a Israel y de las reuniones con DAIA, para reforzar la voluntad encubridora del gobierno.

El alegato del Ministerio de Justicia sella los acuerdos del gobierno de Macri con la AMIA/ DAIA y el Estado de Israel para debilitar aún más a este juicio y sus posibles consecuencias. La dirección judía ni siquiera se priva de apretar a los jueces del TOF 2, advirtiéndoles acerca de la legalidad de su futuro fallo.

La nueva historia oficial está puesta en la perspectiva de alcanzar un gran acuerdo nacional entre Cambiemos y el PJ, imponer a como dé lugar una ley de “juicio en ausencia” para poder habilitar un futuro juicio contra Irán, ahora sin pruebas, testigos ni acusados… y cerrar definitivamente el caso.

En este contexto y ya con el juicio por finalizar, denunciamos que el gobierno, los fiscales de la Unidad Fiscal y la Procuración General de la Nación continúan manteniendo los archivos secretos del Estado cerrados, impidiendo el acceso efectivo de los querellantes a los mismos, aún cuando son prueba en la investigación. Su sostenido ocultamiento, contra la exigencia expresa y reiterada de los familiares de las víctimas y querellantes, revela la decisión profunda del Estado argentino y la AMIA/DAIA de reforzar y mantener la impunidad a cualquier precio.

Para superar tamaño contubernio, exigimos la apertura inmediata de los archivos secretos sin restricción alguna y la conformación de una Comisión Investigadora Independiente para esclarecer el crimen de la AMIA, conocer la Verdad e impulsar el castigo a todos los culpables.

Buenos Aires, 4 de Febrero de 2018

apemia2002@yahoo.com.ar

Comunicado de APEMIA ante el fallo de la Cámara Federal por el Decreto 229/17

UN FRENO AL AVANCE DEL GOBIERNO

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2017

La Sala I de la Cámara Federal rechazó nuestro pedido para declarar inconstitucional el Decreto 229/17. Es el decreto que hace 7 meses facilitó el control de los archivos secretos del atentado a la AMIA a una dependencia del Poder Ejecutivo –la Unidad Especial de Investigaciones AMIA (UEI) del Ministerio de Justicia- reemplazando a los fiscales en el manejo de esas pruebas.

Nuestro planteo de inconstitucionalidad, acompañado por los familiares de la Asociación 18J, de Memoria Activa y la Comisión Provincial por la Memoria (dirigida por Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendivil) y hasta por los Fiscales, fue objetado por los camaristas con argumentos formales y contradictorios.


Por un lado, afirman que “a la ley no hay nada que reprocharle”, mientras reconocen que “los hechos no han sido consecuentes con esa realidad”. O sea consideran que el Decreto es constitucional pero su interpretación y la aplicación que hizo el Poder Ejecutivo no lo son. Critican “el avance indebido de la UEI” que dirige Cimadevilla y “su intromisión” en la investigación que está a cargo del Ministerio Público Fiscal.


En su esfuerzo por satisfacer tanto al gobierno como a las partes denunciantes, los jueces le atribuyen al Decreto un espíritu opuesto a los hechos que ellos mismos critican. Y antes de poner un límite concreto a la acción del gobierno, le hacen toda una concesión intelectual y prejuzgan al elogiar su supuesta buena fe y disposición para avanzar en el esclarecimiento del atentado: “…las intenciones del Estado al momento del dictado del decreto … no hacen más que evidenciar la preocupación y los esfuerzos realizados por el Poder Ejecutivo Nacional, en procura de brindar acciones concretas y efectivas para lograr el esclarecimiento de los hechos ocurridos aquel 18 de julio de 1994”. 

Todo este esfuerzo para volver a establecer aquello que se sabe desde siempre: los fiscales son los responsables por el manejo de las pruebas mientras la ex SIDE y la UEI debieran ser los auxiliares de la justicia. Esto fue así hasta la firma del 229, momento a partir del cual dejó de serlo, justamente porque empoderó a la UEI para re-apropiarse y controlar esos archivos, apartando a los fiscales de su función.


Con estos argumentos y concesiones, los jueces muestran las limitaciones del Poder Judicial para enfrentar la política oficial que refuerza 23 años de encubrimiento y que, en nombre de la “desclasificación”, agrega otros 7 meses en el ocultamiento de los archivos y aún no puede dar cuenta de los proyectos de privatización.


Con sus limitaciones, el fallo de Cámara implica un freno a las intenciones de la UEI (Cimadevilla) y del Ministerio de Modernización para tomar por asalto los archivos y concretar el negocio de su privatización y entrega a empresas dependientes y vinculadas a la Agencia de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a la CIA y el Mossad, que venimos denunciando.


El fallo implica un desafío para los Fiscales que, desde el comienzo, trataron de adaptarse a la presión del Poder Ejecutivo, no enfrentaron el Decreto ni establecieron alguna línea de investigación nueva con base en toda la evidencia recogida en esos archivos, para estudiar la responsabilidad criminal del Estado argentino en la comisión del atentado y su encubrimiento. 

La situación de la UFI AMIA es de una gran inestabilidad: algunos fiscales abandonarán la Unidad ni bien finalice el juicio por encubrimiento para el cual fueron convocados hace dos años, y la continuidad del trabajo del GERAD pende de un hilo. 

Con la decisión de los jueces de Cámara será responsabilidad de los fiscales de la UFI AMIA volver a la situación de trabajo previa a la firma del Decreto 229, con los archivos bajo su exclusivo control y la AFI legitimando su origen. 


Por todo ésto, por haber declarado constitucional el Decreto 229, los archivos siguen en peligro. Con nuestra intervención, impedimos un avance brutal del gobierno sobre el control de la documentación secreta y el acceso a ella. Sin embargo, como el Decreto 229 seguirá vigente, alertamos por las presiones del Poder Ejecutivo para obstaculizar el trabajo con los archivos, volver a intentar su privatización y mantener el secreto de Estado sobre sus contenidos.

Exigimos la apertura de los archivos secretos y su entrega a una Comisión Investigadora Independiente.

NETANYAHU Y MACRI REFUERZAN EL ENCUBRIMIENTO Y LA IMPUNIDAD DEL ATENTADO A LA AMIA

Buenos Aires, 09 de setiembre de 2017.-


APEMIA repudia la llegada de Benjamín Netanyahu a nuestro país. 
El Primer Ministro de Israel representa la política genocida de su país, la discriminación y opresión del pueblo Palestino, la ocupación de su territorio y la violación sistemática de sus derechos políticos y sociales, motivos más que suficientes para tener bien ganado el repudio nacional e internacional a su gobierno.

Más recientemente, Netanyahu se ha revelado como un firme defensor de las políticas fascistas y antijudías en Estados Unidos y en Europa. Por su defensa de los gobiernos de Trump y de Hungría, fue repudiado por las organizaciones judías que tradicionalmente apoyan al Estado de Israel. 

Su viaje no es una promesa de relaciones que beneficien a ambos pueblos, como prometen los dirigentes de DAIA y AMIA y los intelectuales vinculados a ellos que saludan su visita. 


Al contrario, oculta que el vínculo con Argentina está precedido y fundado por la complicidad del Estado de Israel con el Estado nacional en la violación de los derechos humanos y el encubrimiento de los atentados en Argentina. El gobierno israelí protege a Teodoro Gauto, el criminal y genocida argentino que vive allí protegido por sus gobiernos desde hace muchos años, mientras tiene pedido de captura de la justicia argentina y es requerido por familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos de nuestro país, que exigen la extradición del genocida por su actividad en los campos de concentración durante la dictadura argentina.


Con estos antecedentes, la Cancillería israelí presentó el viaje de Netanyahu por Latinoamérica como destinado a reforzar las políticas del Estado de Israel. "Promovemos dos fortalezas, que en conjunto traen una tercera: la económica-tecnológica nos permite impulsar la de inteligencia militar y la combinación de ambas provee poderío político", sintetizó Netanyahu.

En este contexto y a pocas horas de su llegada, el propósito concreto de su visita se mantiene oculto, toda vez que no tiene sentido venir a firmar convenios que ya están en marcha o incluso han finalizado, y que parecen referirse sólo a la venta de tecnología para seguridad, defensa y desarrollo agrario.

El gobierno de Macri prepara la llegada de Netanyahu en medio de una campaña de prensa para imputar a la ex presidenta Cristina Kirchner por haber establecido un acuerdo político con Irán promovido por el gobierno de Obama, acuerdo que por entonces era negociado con el apoyo de la AMIA/DAIA, del fallecido fiscal Nisman y del gobierno de Israel. 

Macri tiene sus propios acuerdos con Israel y Estados de la OTAN que explican su común intención de privatizar los archivos secretos del atentado a la AMIA a manos de Palantir, una empresa de espionaje de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) norteamericana asociada al Mossad de Israel. 
Poner en manos de potencias extranjeras los archivos secretos del atentado a la AMIA –que hasta hoy están protegidos como secretos del Estado nacional- y promover la sanción de una ley de “Juicio en Ausencia” contra Irán, son objetivos declarados por el gobierno de Macri. Para ello son necesarios el Decreto 229/17 y el proyecto que impulsa con el PJ y los partidos oficialistas en el Senado. 

Ésto es lo que permanece oculto con la firma de acuerdos en materia de seguridad y tecnología entre ambos países, y el pretexto de la transferencia electrónica a Israel de archivos vinculados con… el holocausto. 

En la reunión entre ambos mandatarios y bajo la presión del lobby local de AMIA/DAIA y sectores de la AFI, Macri deberá resolver si viola toda la legislación argentina y entrega la causa AMIA y sus archivos al servicio de los negocios y las necesidades políticas internacionales de Netanyahu y Trump, o deroga el Decreto 229/17, abre los archivos secretos y facilita el debate parlamentario para crear una Comisión Investigadora Independiente.

El próximo martes 12, mientras Netanyahu y Macri se reúnan para sellar estos acuerdos que refuerzan el encubrimiento y la impunidad, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal nos recibirán en una audiencia pública junto a las organizaciones de familiares de las víctimas y los Fiscales, acompañados por la solidaridad de organizaciones de derechos humanos, personalidades públicas y diputados nacionales. 

Allí vamos a exponer nuestros planteos por la inconstitucionalidad del Decreto 229/17, defenderemos nuestro derecho a conocer la verdad, acceder a los archivos aún secretos que son prueba judicial, y enfrentaremos al Ministerio de Justicia y al Gobierno que busca someter por decreto a jueces, fiscales y querellantes a sus dictados, con el viejo cuento de “avanzar en la investigación”.

La visita de Netanyahu y sus acuerdos con Macri harán más profunda la grieta del encubrimiento y la impunidad del atentado a la AMIA. 

CAUSA AMIA - EL GOBIERNO NACIONAL PROMUEVE LA PRIVATIZACION DE LOS ARCHIVOS SECRETOS

Buenos Aires, 03 de setiembre de 2017

El próximo miércoles 6 de setiembre realizaremos una conferencia de prensa donde denunciaremos la iniciativa del gobierno nacional de privatizar los archivos secretos de la causa AMIA. 

Esta es la verdadera intención que anima al Decreto 229/17 que el gobierno defiende con el apoyo de DAIA y AMIA, y que es cuestionado dada su manifiesta inconstitucionalidad por los familiares de las víctimas y hasta por la Unidad Fiscal.

El Decreto se inscribe en el marco más general de la política del gobierno ante el próximo final del juicio oral que se sigue contra Menem, Anzorreguy, Galeano, etc., y en el esfuerzo por terminar con la Procuración y la labor del Grupo Especial de Relevamiento de Archivos y análisis Documental (GERAD) de la fiscalía. 

Después de 23 años en que el Estado insistió en la necesidad de una investigación judicial del mayor atentado terrorista desde el retorno de la democracia, el gobierno promueve ahora desplazar a los fiscales y al GERAD de su trabajo de investigación y entregar los archivos a una empresa de la CIA y el Mossad. 

Así surge de lo propuesto por Mario Cimadevilla, Secretario de la Unidad de Investigaciones AMIA del Ministerio de Justicia, y del convenio firmado entre esa Secretaría y el Ministerio de Modernización. Para ello, el Decreto 229/17 pretende re-apropiarse de los archivos secretos y blanquear compromisos internacionales en vísperas de la próxima visita de Netanyahu al país. Al mismo tiempo, crean un nuevo marco legal para facilitar su plan político y el de negocios. 

Negocian con los jueces para que no declaren la inconstitucionalidad del Decreto que somete a la Unidad Fiscal, termina con el GERAD y hasta con la independencia formal del Poder Judicial. Se busca evitar el acceso y conocimiento público de los archivos aún secretos que documentan el papel del Estado en el atentado terrorista y su encubrimiento y así facilitar la acusación internacional contra Irán. 
El plan de negocios incluye el armado de una consultora para enmascarar la contratación de una empresa de la CIA, la compra de software y entrenamiento, para tercerizar la investigación a un costo millonario en dólares. 

APEMIA denunciará este plan. Exigimos abrir los archivos secretos, derogar el Decreto 229/17 y la renuncia de M. Cimadevilla, titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia.

Para conocer los detalles de la denuncia, te invitamos a participar de la Conferencia de Prensa que realizaremos el MIÉRCOLES 6 a las 15:30 Hs. en la SALA 7 del 3º Piso del Anexo del Congreso Nacional.

Comunicado de APEMIA del 04/08/2017

EL JUEZ CANICOBA CORRAL RESOLVIÓ ENTREGAR
LOS ARCHIVOS SECRETOS DE LA AMIA AL PODER EJECUTIVO


Buenos Aires, 04 de agosto de 2017


En el día de ayer, contra la opinión de los familiares de las víctimas y de la Fiscalía, el juez Canicoba Corral resolvió rechazar nuestro planteo de inconstitucionalidad del Decreto 229/17 con fundamentos mezquinos y falaces. Su resolución vuelve a poner en peligro el control y el manejo de las pruebas y material documental aún secreto hasta ahora en manos de los Fiscales.

El juez quiso fundamentar su rechazo en nuestra supuesta disconformidad con el manejo que hace la Fiscalía de esa documentación. Pero ésto no es cierto. Nuestra disconformidad se manifestó contra el Poder Ejecutivo que, por Decreto, pretende retomar el control sobre los archivos desclasificados que hoy son prueba judicial para ponerlos en manos de una de sus dependencias –la Unidad Especial AMIA- integrada por la AFI, las Policías Federal y Bonaerense, la Gendarmería, y una larga lista de organismos de seguridad cuestionados y/o directamente implicados en las irregularidades y delitos cometidos durante la investigación del atentado a la AMIA. De “auxiliar de la justicia” pasarían a subordinar a Fiscales, dirigir la investigación y controlar el acceso de las querellas a las pruebas. Es lo mismo que poner al zorro a cuidar el gallinero.

Nuestros argumentos son públicos, fueron compartidos por otros grupos de familiares de las víctimas y hasta los Fiscales reconocieron que nos asiste la razón. El juez se escuda en pretextos y falacias con apariencia argumental para hacer pasar un nuevo marco “constitucional” y ceder al Poder Ejecutivo el manejo y el control de las pruebas de la investigación criminal de su juzgado. Los “argumentos” del juez son un taparrabos de su aval y compromiso con las posiciones del Poder Ejecutivo y bien pueden explicarse en acuerdos ilegítimos entre el gobierno y el propio juez que desmienten la demagogia gubernamental contra los jueces de Comodoro Py.

Desde APEMIA apelaremos la resolución de Canicoba Corral ante la Cámara Federal.
Hacemos un llamado muy especial a las organizaciones democráticas, estudiantiles, sociales y políticas para que hagan propio el reclamo de derogación del Decreto 229/2017, impedir que el Poder Ejecutivo retome el control sobre pruebas judiciales y abrir los archivos secretos al dominio público, en la perspectiva de ponerlos a disposición de una Comisión Investigadora.


Último momento - Comunicado del 18/07/2017

Frenamos la entrega de pruebas y archivos secretos de la causa AMIA al Poder Ejecutivo


El martes 18 de julio presentamos un escrito ante el juez de la causa AMIA, el Dr. Canicoba Corral, denunciando que la Unidad Especial de Investigación (UEI) dependiente del Ministerio de Justicia, a cargo de Mario Cimadevilla, había establecido que el jueves 20 del corriente iba a tomar por asalto los archivos secretos de la ex SIDE, a sabiendas de que éstos son pruebas en un proceso judicial del cual la UEI ni siquiera es parte.

Pretendían hacerlo amparados en el Decreto 229/17 y con un principio de acuerdo con los Fiscales, en medio de la feria judicial y a pocos días de que la Cámara Federal le ordenara al juez Canicoba Corral volver a considerar una medida cautelar para protegernos de las consecuencias de su aplicación antes de declarar la inconstitucionalidad del Decreto.

Pocas horas después, el Dr. Sebastián Casanello -interinamente a cargo del juzgado- habilitó la feria judicial y ordenó suspender el traspaso de esa documentación ya desclasificada a la UEI, evitando su re-apropiación por el Poder Ejecutivo. La medida regirá hasta tanto el juez decida sobre nuestro pedido después de escuchar a las partes en una futura audiencia.

Consideramos un éxito haber frenado esta provocación. Este primer round en la lucha por el control de los archivos secretos lo ganamos nosotros. Lo ponemos en la perspectiva de abrirlos al conocimiento de toda la sociedad y de constituir una Comisión Investigadora Independiente.

APEMIA


Buenos Aires, 18 de julio de 2017

Canicoba Corral se negó a tomar medidas contra el decreto de Macri

Acuerdo de Impunidad

Buenos Aires, 27 de junio de 2017

En los últimos días, el gobierno nacional ratificó los términos del Decreto 229/17 que ordenó poner en manos de la AFI y la Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia (a cargo de Cimadevilla) los archivos desclasificados pero aún secretos de la ex SIDE.

El Decreto pretende desplazar a la Fiscalía del manejo de esa prueba judicial, y Cimadevilla llegó al extremo de cuestionar la eficiencia y el trabajo del GERAD, grupo que tiene a su cargo poner en condiciones, organizar, analizar y digitalizar el material contenido en kilómetros de cajas desorganizadas.

Por efecto del Decreto, desde su publicación en abril está suspendido el acceso de los querellantes de la causa AMIA a nueva documentación.

El Ministro Garavano incumplió el compromiso asumido con los familiares y amigos de las víctimas de gestionar la modificación de los términos del Decreto para evitar esa situación.

En tanto, el juez Canicoba Corral aceptó el nuevo orden “legal” impuesto por el Poder Ejecutivo.

Sin expresar motivo alguno el juez rechazó el pedido que le hicimos desde APEMIA (11/05/17) de “no innovar” y declarar “inconstitucional” el Decreto que permite al Poder Ejecutivo intervenir en una causa judicial en trámite.

El pedido fue acompañado por las querellas de 18J, Memoria Activa y por la Comisión Provincial de la Memoria, co-presidida por el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendivil, en carácter de “amigos del tribunal”. A ellos se sumaron los Fiscales que, después de meses de intentar conciliar posiciones con la AFI y el Ministerio de Justicia, reconocieron con sus propios argumentos la justeza de nuestro reclamo y la evidencia del daño que el Decreto provoca desde su publicación.

Por nuestra parte apelamos ante la Cámara lo resuelto por el juez, conscientes que por primera vez en tantos años enfrentamos judicialmente y de manera conjunta la decisión estratégica del Poder Ejecutivo en la que se juega hasta la posibilidad misma de investigar.

Entendemos que la avanzada del gobierno y el prolongado silencio de los funcionarios judiciales o de la Fiscalía, implican un vaciamiento de la Unidad Fiscal sobre un tema que le compete de manera directa.
Pese a haber realizado un trabajo de relevamiento y digitalización del material secreto durante más de un año, la Fiscalía no inició investigación alguna de la responsabilidad criminal del Estado argentino en el atentado a la AMIA y su posterior encubrimiento, manteniendo el propósito general de imputar a Irán expresado por distintos gobiernos y la ex SIDE en los últimos 15 años y orientadas por el ex fiscal Nisman para llevar al cierre de la causa AMIA, sin Verdad y sin Justicia.
Mientras busca retomar el control de los archivos desclasificados, el Poder Ejecutivo también llegó a un acuerdo político con los principales partidos del Senado para modificar el Código Penal y simular un juicio en ausencia de acusados, de testigos y de pruebas contra los iraníes. Se trata de un acuerdo de impunidad, gestado en pleno año electoral para mostrar la buena voluntad del oficialismo y la oposición ante las demandas del lobby de Estados Unidos, Israel y los grupos de presión locales del Congreso Judío Latinoamericano, la DAIA y AMIA.

A su turno, los jueces del Tribunal Oral que dirigen el debate del juicio por el “encubrimiento” y las “irregularidades” cometidas durante la gestión del ex juez Galeano, ratificaron el secreto de todas las declaraciones de los agentes de la SIDE. Protegiendo tanto secreto, ¿cómo pretenden llegar a la verdad?

Exigimos la derogación inmediata del Decreto 229/17, la renuncia del Secretario Cimadevilla y la apertura de los archivos secretos.

Después de 23 años, resulta indispensable la creación de una Comisión Investigadora Independiente para conocer la verdad, impulsar justicia y terminar con la impunidad.

Reunión con el Ministro de Justicia - 11/04/2017

GARAVANO PROMETIÓ MODIFICAR EL 
DECRETO Y FRENAR LAS AMENAZAS 
DE LA AFI Y CIMADEVILLA

En el día de ayer, APEMIA y la Asociación 18J mantuvimos una reunión con el Ministro Garavano para hacerle conocer nuestra disconformidad y rechazo a la ofensiva que el gobierno de Macri encaró en relación al tema AMIA durante las últimas semanas.

Explicamos que esta ofensiva gubernamental se verificaba en los siguientes puntos:

1º) la presentación gubernamental de un proyecto de ley de juicio en ausencia en el Senado Nacional, cuyo único objeto es cerrar definitivamente la posibilidad de investigar las responsabilidades criminales y encubridoras del Estado argentino, y bloquear un debate serio para crear una Comisión Investigadora con personalidades independientes y familiares de las víctimas, poniendo a su disposición todos los archivos del atentado a la AMIA que el Estado dice “desclasificar” pero sigue ocultando.
2º) La posición adoptada por el Ministerio de Justicia, alineada con las defensas de Galeano, Anzorreguy y Beraja en el Juicio Oral por “encubrimiento”, para evitar la declaración del testigo que hizo la denuncia hace 17 años y que dio lugar a este juicio. La posición oficial se hizo pública durante las audiencias del juicio y motivó la renuncia del equipo de abogados que representaba al Ministerio. 
3º) La sanción del decreto 229/2017, cuyo espíritu y disposiciones están puestas al servicio de la re-apropiación por parte de la AFI y la Secretaría AMIA del Ministerio de Justicia dirigida por Cimadevilla (ambas dependencias del Poder Ejecutivo) de los archivos secretos que aún maneja la AFI, vaciando a la fiscalía de sus obligaciones y desplazando al grupo de trabajo de relevamiento documental (GERAD) de sus tareas.
Con este decreto, el gobierno volvió a poner los archivos secretos en manos de la ex SIDE, organismo que formalmente integra la Unidad AMIA (ahora con rango de Secretaría) del Ministerio de Justicia desde su creación en el año 2000.
Estas medidas, impulsadas por la AFI y el Secretario Cimadevilla, fueron tomadas a espaldas y abiertamente en contra de los reclamos de Verdad y Justicia de las agrupaciones de familiares de víctimas del ataque, y están articuladas al servicio de satisfacer las demandas de la Embajada de Israel y sus grupos de presión locales, entre otros la DAIA. 
Con estas consideraciones, APEMIA y la Asociación 18J exigieron la renuncia del Secretario Cimadevilla y la urgente intervención ministerial para evitar que la AFI y la Secretaría AMIA de su ministerio cumplan con las amenazas previstas para la próxima semana de impedir el trabajo de los Fiscales y el equipo de profesionales del GERAD, basados en el Decreto Presidencial. 
El Ministro Garavano comprometió su intervención personal para modificar los términos del Decreto 229/17, aumentar el número de integrantes del grupo de relevamiento GERAD bajo la dirección de los Fiscales, retomar el debate del proyecto de ley para crear una Comisión Investigadora Independiente y volver a reunirnos en las próximas semanas para verificar el estado de situación.

Buenos Aires, 12/04/2017

06/04/2017 - UNA NUEVA Y GRAVE SITUACIÓN

REPUDIAMOS EL DECRETO DE MACRI


En la mañana de hoy el gobierno nacional publicó en el boletín oficial un nuevo decreto relativo a la causa AMIA. 

El decreto 229/2017 dice que viene a dar respuesta a un planteo largamente exigido por APEMIA de “desclasificación de documentación” que permanece secreta a pesar de la docena de decretos que declaman lo mismo desde que Néstor Kirchner puso al ex fiscal Nisman a cargo de la Unidad Fiscal, hace 12 años atrás. 

“Con las firmas de Macri y sus ministros Peña y Garavano, el decreto es un verdadero golpe a la posibilidad de investigar y conocer la verdad sobre la responsabilidad criminal que tuvo el propio Estado en la comisión del atentado terrorista y su posterior encubrimiento. No sólo no abre los archivos sino que los vuelve a poner en manos de la AFI, y además, vacía la Unidad Fiscal. Con esto retrocedemos más de 20 años”, declaró Laura Ginsberg, integrante de APEMIA. 

El nuevo decreto vuelve a poner en manos de una Secretaría del Ministerio de Justicia los archivos de la ex SIDE y somete (“coordina” en el lenguaje oficial) a la Unidad Fiscal a las determinaciones del Poder Ejecutivo. 

Con un solo golpe, el decreto deja en manos del Ministerio de Justicia el control de los archivos secretos y la responsabilidad de una futura investigación, al mismo tiempo que le corta un brazo a la Fiscalía y su equipo, limitando su independencia y alcance real para realizar una investigación y establecer las responsabilidades criminales del Estado nacional y/o de cualquier otro en la comisión del ataque terrorista. Ahora le quita los archivos a la Unidad Fiscal para entregárselos a… Arribas y Majdalani.

Una vez más, en nombre del esclarecimiento, el decreto de Macri y Garavano significa un refuerzo en la histórica determinación del Estado por seguir encubriendo. Es una infamia. 

Nos devuelve al año 2000, cuando el gobierno De la Rúa creó la Unidad Especial AMIA en el Ministerio de Justicia, puso a la SIDE y a todos los servicios de seguridad en su dirección –los mismos que hoy están siendo juzgados por los delitos cometidos en la causa AMIA- y se dedicó a ocultar los archivos secretos hasta el día de hoy. 

El decreto y el proyecto de Ley para modificar el Código Penal estableciendo los “juicios en ausencia” cierran una semana de ataques sin precedentes contra la Verdad y Justicia en el tema AMIA, coordinados por el Ejecutivo, con el apoyo del PJ, del partido de Massa y de los integrantes de Cambiemos, al servicio de las exigencias de DAIA, AMIA y el Estado de Israel, contra la expresa oposición de las agrupaciones de familiares de las víctimas. 

APEMIA llevará este punto de vista a la reunión prevista con el Ministro Garavano el próximo martes 11 de abril, con la exigencia de apertura incondicional de los archivos secretos, de fortalecimiento del grupo de trabajo de relevamiento documental de la Fiscalía y de repudio al proyecto del Poder Ejecutivo de ley de juicio de ausencia, reclamando la conformación de una Comisión Investigadora Independiente. A esta reunión concurriremos junto a la Asociación 18J. 

Buenos Aires, 6 de abril de 2017.-

NUEVA DECLARACIÓN CONJUNTA DE APEMIA Y 18J - EL GOBIERNO PROMUEVE LA IMPUNIDAD

Buenos Aires, 2 de abril de 2017

EL GOBIERNO PROMUEVE LA IMPUNIDAD
EN LA CAUSA AMIA

Los abajo firmantes, representantes de organizaciones de familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, nos dirigimos a la opinión pública para denunciar que en las últimas semanas el gobierno nacional ha tomado decisiones muy graves que ponen en peligro la posibilidad misma de obtener verdad y justicia en este crimen que permanece impune después de 23 años de promesas y frustraciones.

Una de esas decisiones provocó la renuncia de los apoderados del Ministerio de Justicia ante el Juicio Oral que se realiza desde hace casi 2 años contra Beraja, el ex presidente Menem, Anzorreguy, el ex juez Galeano, entre otros ex funcionarios del Estado argentino.

La renuncia es una acusación al ministro Garavano, quien habría resuelto limitar a la querella del Ministerio para no tener un rol activo contra los imputados. Los abogados salientes advirtieron que al cambiar el criterio que mantuvieron hasta ahora "podría generarse la defensa de intereses opuestos" a los declamados en el juicio que aún se supone contra “el encubrimiento” y que transita sus tramos finales.

En tanto, el gobierno anuncia que firmará un nuevo decreto para abrir los archivos secretos en poder de la AFI que hasta hoy permanecen cerrados, pese a la docena de decretos firmados en el pasado con la misma declaración de intenciones. Consideramos que esta medida es parte de una maniobra para desmantelar la Unidad Fiscal y su Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERAD) que procesa los archivos desde hace poco más de un año, entregando al titular de la Secretaría AMIA del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla, el control de este proceso.

De concretarse, el Secretario compartiría la documentación secreta con Arribas y Majdalani, también integrantes del Poder Ejecutivo, y los archivos que se habrían abierto como parte de una campaña de prensa, seguirían cerrados en los hechos al conocimiento público y de las partes.

Por último y después de muchos meses de tramitarlo en secreto, el gobierno negocia en el Senado un proyecto de ley de “Juicio en Ausencia” con Pichetto. Lo hace después de conocer el público rechazo de las organizaciones de familiares de las víctimas del atentado y de personalidades académicas y jurídicas contrarias a este intento de reforma del Código Penal y de simular un juicio a iraníes en ausencia de los acusados, de testigos y de pruebas. El único objeto de este engendro es cerrar definitivamente la causa y bloquear un debate serio para crear una Comisión Investigadora con personalidades independientes y familiares de las víctimas, poniendo a su disposición todos los archivos del atentado a la AMIA que el Estado sigue ocultando.

Denunciamos que todas estas medidas apuntan a cerrar definitivamente cualquier atisbo de investigación del atentado a la AMIA, de su comisión y su encubrimiento, y que el gobierno las adopta para exculpar al Estado argentino de sus responsabilidades criminales y encubridoras, al mismo tiempo que satisface las presiones de la dirección de AMIA, DAIA y del Estado de Israel.

Con estas consideraciones, solicitamos una reunión con carácter de urgente al Ministro Garavano y a la Procuradora General Gils Carbó.

Convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y populares a debatir y pronunciarse:

Contra la impunidad organizada por el Estado

Por el esclarecimiento del atentado a la AMIA

Que se duplique el número de integrantes del GERAD y que continúen centralizados por la fiscalía

Que se abran los archivos secretos
No al Juicio en Ausencia

Por una Comisión Investigadora


OLGA DEGTIAR                          LAURA GINSBERG
p/Asociación 18J                          p/APEMIA
DECLARACIÓN CONJUNTA DE APEMIA y 18J
LA LEY PARA ECHAR A GILS CARBÓ ES UN ACUERDO PARA ECHAR A LOS FISCALES DE LA UNIDAD AMIA
Buenos Aires, 23 de octubre de 2016 

La Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA – APEMIA y la Asociación 18J de Familiares y Amigos de las víctimas de AMIA, se dirigen a la opinión pública y declaran:
El gobierno nacional y los principales líderes de los partidos oficialistas y “opositores” llegaron a un acuerdo para que el Congreso Nacional vote de inmediato una ley que reforma el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y termine con su independencia formal, reconocida en la Constitución Nacional. 
Sin disimular sus argumentos, la coalición del gobierno más la oposición y los ex socios de Gils Carbó que apoyan el proyecto, se reparten los cargos de la Comisión Bicameral que pondrá a los Fiscales bajo su control político y funcional. El acuerdo equivale a una intervención que someterá  formalmente a los Fiscales y los pondrá, incluso, bajo el control de los funcionarios del Poder Ejecutivo y organismos de Seguridad que debieran ser los controlados y que, hasta hoy, están sospechados por actividades criminales (Artículo 24).  
De aprobarse la nueva ley, tendrá como efecto práctico remover a los titulares de la Unidad Fiscal AMIA y de las fiscalías especializadas en atender delitos de Lesa Humanidad en un plazo no mayor de 15 días. En el caso particular de la AMIA, el acuerdo para echar a los Fiscales implicará la acefalía de la Unidad Fiscal por segunda vez en dos años tras la muerte del fiscal Nisman, y pone en cuestión el trabajo e investigación que los fiscales están realizando pese a los límites que el mismo Poder Ejecutivo le impone a su tarea, toda vez que se niega a abrir y desclasificar los archivos secretos que permanecen en poder de los Servicios de Inteligencia. 

El proyecto de reformas crea una “Procuraduría de Terrorismo” que responde más a las viejas exigencias de la embajada de Israel y/o de la DAIA que a necesidades de la investigación de la causa AMIA. ¿Van a disolver la Unidad Fiscal AMIA en una fantasmal unidad “antiterrorista” en nombre del esclarecimiento del atentado?  
Con la aprobación de la nueva Ley, no sólo peligra la continuidad del trabajo de los fiscales de la UFI AMIA sino también la del pobrísimo juicio contra Menem, Galeano, Anzorreguy, etc., acusados por los delitos e irregularidades que cometieron en la instrucción judicial de la causa AMIA, en momentos en que los jueces del Tribunal Oral Nº 2 debieran superar sus propias limitaciones para permitir acusar a nuevos cómplices de estos funcionarios de Estado.  
El cambio de signo político de los nuevos “controladores” no los releva de sus fracasos anteriores para juzgar las responsabilidades políticas y criminales del Estado en la comisión del atentado a la AMIA y su encubrimiento, ni en la obligación de continuar con la investigación y los juicios de Lesa Humanidad. La reforma prevista a la ley del Ministerio Público está puesta en el camino de reforzar la impunidad que nos trajo hasta acá.  
El camino que debemos transitar para superar tantos años de impunidad empieza con una Comisión Investigadora integrada mayoritariamente por referentes de la vida nacional y familiares de las víctimas, con todos los archivos secretos a su disposición, para conocer la verdad y castigar a todos los culpables. 

FIRMAN: APEMIA / Asociación 18J

El gobierno nacional hizo pública su disposición para acompañar el proyecto de APEMIA

Buenos Aires, 8 de febrero de 2016

El gobierno nacional hizo pública su disposición para acompañar el proyecto de APEMIA para crear una Comisión Investigadora del atentado a la AMIA en el Congreso Nacional.

Así lo hizo saber el Ministro de Justicia y nos lo comunicó hace pocos días tras reunirse con APEMIA y, posteriormente, con algunos de los diputados que impulsaron el proyecto. El Dr. Garavano manifestó su acuerdo en general con esta iniciativa y propuso una serie de modificaciones al proyecto original que estudiaremos en detalle.

El gobierno nacional reconoce nuestra iniciativa de Comisión Investigadora Independiente después de manifestar repetidamente -desde que asumió- su interés en promover una Ley para facilitar un “Juicio en ausencia” con el único objeto de lograr sentencias y condenas en la causa AMIA. Se trata de dos propuestas opuestas y así se lo hicimos saber al Ministro.

Nosotros no somos partidarios de condenas simuladas, sin la presencia de acusados, testigos ni pruebas. Una ley de “juicio en ausencia” de este tipo no traerá ni Verdad ni Justicia, ni podrá disimular el fracaso de los tres poderes del Estado en una investigación que aún no comenzó. No promovemos una acción penal, sino conocer la verdad y debatirla en la sociedad. Queremos una Comisión Investigadora Independiente en el Congreso Nacional y la entrega de los archivos en poder del Estado para conocer la verdad sobre el atentado y las responsabilidades criminales que el Estado argentino nos debe desde hace casi 22 años.

Estudiaremos las modificaciones propuestas por el gobierno con el foco puesto en mantener la esencia y el objeto de la Comisión Investigadora y esperamos poder reunirnos nuevamente con el Dr. Garavano a la brevedad posible.


EL MINISTRO GARAVANO 
SE REUNIÓ CON APEMIA

El miércoles 27 de enero, una delegación de integrantes de APEMIA encabezada por Laura Ginsberg se reunió en el Ministerio de Justicia de la Nación con el Ministro, Dr. Germán Garavano, y el Secretario de la Unidad AMIA del Ministerio, Dr. Mario Cimadevilla.

Presentamos ante ellos nuestras consideraciones sobre los anuncios públicos que hicieron de iniciativas referidos al atentado a la AMIA y les entregamos copia de nuestro Proyecto de Ley para constituir una Comisión Investigadora Independiente en el marco del Congreso Nacional y abrir los archivos secretos en poder del Estado para ponerlos a disposición de esa Comisión, integrada por personalidades intachables del ámbito jurídico, cultural, científico y de los derechos humanos de nuestro país. Asimismo, entregamos copia del documento aprobado en febrero de 2015 por el llamado Consenso Parlamentario que reunió a diputados y senadores por entonces opositores y que resolvió promover este Proyecto para su debate.

Tanto el Ministro como el Secretario de la Unidad AMIA nos informaron que no conocían la iniciativa que presentamos en junio de 2014 para conformar esa Comisión Investigadora y prometieron estudiarla antes de dar a conocer su opinión sobre el tema.

Durante el intercambio de opiniones, adelantaron que nuestra propuesta no les resultaba incompatible con otras iniciativas que el gobierno hizo propias como ser los “juicios en ausencia” o los “juicios en terceros países” contra un grupo de sospechados iraníes. Estas propuestas fueron anunciadas a través de los medios de comunicación pero no están formalizadas en un proyecto concreto.

APEMIA dejó expresada su opinión señalando los motivos de su oposición a estas iniciativas y por qué nos resultan proyectos incompatibles:
1º) A veintidós años del atentado y después de haberse reconocido “encubridor agravado”, el Estado presentaría iniciativas que no apuntan a conocer la verdad como precondición para una posible persecución penal. Esta es la lógica de nuestra propuesta, que no está presente en la secuencia simultánea de "condenamos" y luego "investigamos";
2º) No pensamos que se deba legislar para "obtener sentencias", como fue dicho en los medios de comunicación, ni salvar la reconocida incapacidad de los tres poderes del Estado para conocer la verdad de lo sucedido. No estamos promoviendo condenas, sino conocer la verdad y su debate en la sociedad.

Los funcionarios se comprometieron a estudiar nuestra propuesta y mantenernos informados de sus iniciativas.

Buenos Aires, 27 de enero de 2016.-

apemia2002@yahoo.com.ar

Anuncios que no cambian
una historia de impunidad.

 Las recientes declaraciones del nuevo secretario de la Unidad AMIA son muy graves.

Cimadevilla reconoció que “desde que se produjo el atentado, el Estado estaba encubriendo el crimen”, y afirmó que esto se terminó porque “hoy el poder político está dispuesto a que esto se esclarezca”.

Mágicamente se habría terminado con el encubrimiento y la impunidad como política de estado sólo por la “voluntad del presidente para que esta causa concluya con una sentencia” contra los iraníes. (Clarín 17/01/2016)

Mientras el juez de la causa sostuvo que la responsabilidad iraní es apenas una hipótesis y los fiscales reconocieron que hay más indicios que pruebas contra Irán, el gobierno de Macri debuta ratificando una vieja acusación política, al mismo tiempo que encubre el papel del Estado argentino en el crimen de nuestros familiares en la AMIA. Quieren imponer un “juicio en ausencia” contra los iraníes, un producto más vinculado al pasado encubridor que a un cambio de paradigma.

Acusar a Irán a través de una ley es un absurdo. Sin embargo, podrán “condenar” simulando el esclarecimiento del ataque en un escenario judicial sin acusados, sin testigos y sin pruebas.

Así se satisface el sueño de la DAIA y el Estado de Israel de cerrar las causas judiciales pendientes y perpetuar el encubrimiento y la impunidad.

Cimadevilla también se refirió al fracaso del Poder Judicial para esclarecer el atentado. Expresó sus dudas sobre las condiciones de la Justicia para investigar al poder, al mismo tiempo que reconoció que “es más fácil conseguir (las pruebas) fuera de los procesos, como ocurrió con la CONADEP”.

Pero el gobierno Macri insiste en dejar el esclarecimiento en manos del Poder Judicial y se opone a constituir una comisión de este tipo, una Comisión Investigadora Independiente del poder político en el marco del Congreso Nacional tal como propusimos en un proyecto de Ley para su creación. Niegan el debate del proyecto aún cuando Cambiemos lo apoyó en el compromiso asumido por el Consenso Parlamentario en febrero de 2015.

La política de Estado de encubrimiento e impunidad en el atentado no se va a superar porque el gobierno declare que hay que llegar a una sentencia condenatoria en un juicio simulado. Nos oponemos a esta política. Queremos Verdad y Justicia.

Para terminar con tanta manipulación gubernamental y conocer la verdad hay que conformar una Comisión Investigadora Independiente integrada por personalidades incuestionables, referentes de la vida nacional, con acceso irrestricto a todos los archivos secretos para luego impulsar el juicio y castigo a todos los responsables.

Las medidas del nuevo gobierno no constituyen ningún cambio de paradigma ni aporte alguno al esclarecimiento del crimen de la AMIA y, por tanto, no traerán ni Verdad ni Justicia después de 22 años de impunidad. Por eso luchamos por una Comisión Investigadora Independiente.

Buenos Aires, 22 de enero de 2016.

APEMIA RESISTE LOS PLANES DEL GOBIERNO

EL MINISTRO DE JUSTICIA QUIERE UNA LEY 
RECHAZADA POR SUS LEGISLADORES

El Ministro de Justicia, Dr. Garavano, definió los principales ejes de la política del gobierno nacional en relación con el tema AMIA. Sus primeros objetivos declarados son: 1) presentar un proyecto de ley para modificar el Código de Procedimientos Penal y hacer pasar como constitucionales a los llamados ‘Juicios en Ausencia’ contra los imputados iraníes; 2) Crear una super - secretaría llamada “AMIA/NISMAN” para intervenir en la investigación sobre la muerte del Fiscal Nisman; 3) Dejar al borde de la disolución al grupo interdisciplinario que ordena los archivos secretos en poder de la AFI (ex SIDE) y 4) Estudiar cómo recortar las funciones de la Procuradora y de la Unidad Fiscal AMIA.

Laura Ginsberg solicitó una entrevista al Dr. Garavano para expresarle la opinión de los familiares y amigos de las víctimas integrantes de APEMIA para oponerse a estos planes.

“Garavano quiere una ley de juicios en ausencia. Se trata de una versión renovada del viejo proyecto de DAIA rechazado incluso por sus legisladores. Quieren cerrar el tema AMIA poniendo el sello del Estado en juicios simulados para condenar en ausencia de los acusados, de testigos y de pruebas”, declaró Laura Ginsberg.

La titular de APEMIA agregó que “Macri mandó archivar el Memorando cumpliendo su promesa de campaña, pero no quiere cumplir el compromiso de debatir e impulsar una Ley para crear una Comisión Investigadora Independiente que sus legisladores aprobaron como parte del Consenso Parlamentario votado en febrero pasado”.

Asimismo, APEMIA reiteró su preocupación por el futuro del grupo especial de profesionales encargado de inventariar, limpiar y acondicionar los archivos secretos referidos al atentado a la AMIA en poder de la ex SIDE. El pasado lunes 14 de diciembre vencieron los contratos firmados pocos meses atrás, que el ex ministro Alak se negó a firmar y el actual ministro aún no renovó, dejando al grupo virtualmente disuelto después de tantos Decretos que ordenaron la desclasificación de los archivos y el acceso a la información relativa al atentado.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
APEMIA

apemia2002@yahoo.com.ar




LOS ARCHIVOS SECRETOS SIGUEN CERRADOS Y BAJO CONTROL DE LA AFI



 A mediados de noviembre los fiscales de la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA (UFI) convocaron a las querellas que intervienen en el juicio denominado AMIA 2 para informar acerca del estado en que se encuentran las tareas de relevamiento de los archivos secretos relativos al atentado, detalladas en un protocolo aprobado por la Procuradora General de la Nación, Dra. Gils Carbó.


Este relevamiento tuvo su origen en el decreto 395/15 firmado por el gobierno hace ocho meses, el último de una zaga de más de diez decretos que pretendieron ser una respuesta a nuestro nunca satisfecho reclamo de apertura de archivos iniciado en 2002. 

Los fiscales nos entregaron un informe en el cual, más allá de su intención de realizar un trabajo profesional de identificación, relevamiento y organización de la documentación, reconocen que los archivos están cerrados.

Nos informaron acerca de la existencia de archivos en la UFI AMIA y en tres dependencias de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE). Los primeros comprenden las más de 1700 carpetas que existen en la UFI desde hace diez años. En cuanto al resto del material obrante en las distintas oficinas de la AFI, no pudieron aún constatar ni el volumen ni el contenido de esa información que estaría vinculada con el atentado o con alguna de las causas judiciales posteriores.



Lo más grave del informe son las explicaciones acerca de cómo organizarían el material de archivo el día que la AFI facilite las condiciones para este trabajo. Es la evidencia de que hasta hoy no se avanzó nada en la apertura de archivos o en el “proceso de relevamiento” ya prometido por el Ministerio de Justicia y la Unidad Especial de Investigación en el año 2003. Ese “proceso” motivó el Decreto 812/05 que se comprometió a la “Profundización del proceso de relevamiento de archivos del Caso Amia en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado y fuerzas de seguridad”, y que tampoco se cumple.

El denominado protocolo revela que los archivos bajo el control de la AFI, que formalmente estarían disponibles, no lo están en los hechos. El informe habla de documentos “archivados” en avanzado estado de deterioro en medio de la humedad, la suciedad y el abandono (“…documentación original proveniente de la basura que tuvo que atravesar un proceso de limpieza y acondicionamiento para su digitalización y posterior conservación”; “Todo el material hallado en el perímetro se encuentra en un estado avanzado de abandono y malas condiciones de preservación”), o ubicados en lugares a los cuales no se puede ingresar (“se trata de una habitación de aproximadamente 6 metros de ancho a la que no podemos ingresar, ya que se encuentra totalmente ocupada por mobiliario”).

Peor aún es aquello que está naturalizado en el “protocolo”: el relevamiento está subordinado a los tiempos, condiciones y control de los servicios de inteligencia. Esta situación de dependencia funcional de la UFI hacia los espías locales es una re-edición de la que mantenía el fallecido fiscal Nisman.

Una vez más, denunciamos que los archivos no están abiertos y que en este nuevo esfuerzo por mostrar que algo se hizo no se hace otra cosa que subordinar cualquier posibilidad de relevamiento de la documentación secreta al más estricto control y supervisión de la AFI. 
Lo enuncia el mismo protocolo: “Las tareas son supervisadas de manera constante por entre dos y tres integrantes de la AFI”; “Las computadoras que entran a la AFI deben estar libres de información y salir en las mismas condiciones”. “No se puede sacar fotografías”; “No hay conexión a internet”; “Está prohibido el uso del celular”; “No es posible usar pendrives ni correo electrónico para transportar archivos de una computadora a otra”. 

En medio del cambio de gobierno, el problema que enfrentamos es que la Procuradora Gils Carbó y los Fiscales reconocen a la AFI como “la autoridad” en materia de los archivos. Sin terminar con esta actitud de dependencia a la autoridad real y a la custodia de los archivos por parte de la ex SIDE, no hay ninguna posibilidad de relevamiento alguno, para preservar y conocer el contenido documental que se oculta.

Repudiamos la intervención y el control directo que la AFI realiza sobre los archivos, ya que todos los gobiernos y sus Servicios de Inteligencia fueron los principales responsables de que la documentación haya sido ocultada deliberadamente durante más de 21 años a cualquier investigación sobre el crimen de la AMIA.
Ejemplo de ello es que en el juicio que se sigue actualmente por las irregularidades y delitos cometidos a lo largo de la investigación del atentado, y que fuera presentado como un juicio contra el encubrimiento, los jueces del Tribunal Oral no conocen la documentación que supuestamente fue abierta por tantos decretos. 

Desde APEMIA reclamamos nuevamente la apertura de los archivos secretos, la preservación de toda la documentación por fuera del control de la AFI o de otros organismos de seguridad y la entrega de un índice con todos sus contenidos obrantes en la Unidad Fiscal AMIA.

Exigimos que se conforme una Comisión Investigadora Independiente en el ámbito del Congreso Nacional, que tenga acceso irrestricto a los archivos secretos para conocer la verdad e impulsar el juicio y castigo para todos los responsables en el crimen de nuestros familiares y amigos en la AMIA.

Buenos Aires 02 de diciembre de 2015

APEMIA



CUERPO MEDICO FORENSE LO CONFIRMA: ANZORREGUY ESTA EN CONDICIONES DE “NORMALIDAD PSICO JURÍDICA”

En la mañana de hoy, fue firmado el dictamen médico solicitado por el Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF 2) que tiene a su cargo el juicio oral conocido como AMIA II.

El dictamen es contundente en cuanto a que el imputado Anzorreguy se encuentra en condiciones de “normalidad psico jurídica”.

El Dr. Romi, a cargo del informe, y los doctores Diana Kordon y Nicolás Gaccetta, peritos de parte por la querella de APEMIA, junto al perito de la Fiscalía coincidieron en referir que tanto los exámenes psico diagnóstico y neurológicos realizados son coincidentes con la evaluación clínica psiquiátrica.
Anzorreguy muestra un coeficiente de “inteligencia alta”, sin deterioro cognitivo ni presencia de síntomas de alteraciones psicopatológicas de importancia o un cuadro de alienación, concluyendo que está en condiciones de “normalidad psico jurídica”.

“Anzorreguy no tiene fueros y los médicos confirman que ninguna cuestión de salud le impide responder como imputado. Los jueces deben garantizar su presencia física en la sala, hacer que se cumpla con la ley y terminar con las chicanas procesales” afirmó Laura Ginsberg, querellante en esta causa.

Los jueces del TOF 2 recibirán hoy mismo el dictamen elaborado por los médicos forenses y firmado por los peritos de parte, con la sola excepción del Dr. Mesones, perito del imputado. Se espera que rechacen el pedido de Anzorreguy para ser declarado inimputable y confirmen su citación para hacerse presente y declarar en la audiencia del día jueves 22 de octubre.

Buenos Aires, 14 de octubre de 2015

APEMIA

Visite: http://diariodeljuicioamia.blogspot.com.ar/

apemia2002@yahoo.com.ar

ANTE EL DISCURSO DE LA PRESIDENTE EN ONU
LA TELARAÑA DE INTERESES 
NO ES AJENA AL PAÍS

Laura Ginsberg se refirió al discurso de la Presidenta Cristina Kirchner ante al Asamblea de las Naciones Unidas.

La dirigente de APEMIA expresó la opinión del grupo de familiares de víctimas de AMIA que representa, diciendo que “La Presidenta se sinceró: el Memorando que aún defiende fue pensado para facilitar las negociaciones de las grandes potencias con Irán y poder venderle uranio enriquecido. Ahora que hubo acuerdo mundial, perdió importancia para el consumo interno”.

La Presidenta “lo presentó como una crítica a la hipocresía… Pero se trató de una estafa política porque se le ocultó al país la realidad y se manipuló la opinión pública durante los últimos cinco años. Argentina iba a vender uranio a Irán para cubrir la necesidad política de las grandes potencias. El Memorando no fue un ‘aporte’ para esclarecer el atentado a la AMIA, ni una medida de independencia de los centros del poder”.

Ginsberg recordó que fue algo más importante que la visita de un asesor de Obama. “Después de la visita del enviado de Obama, Argentina participó -bajo la dirección de Brasil y Turquía- de las negociaciones internacionales que se frustraron cuando Obama impidió el negocio, pese a haberlo pedido por escrito y firmarlo”, dijo.

“Después de 21 años, no puede decir que la telaraña de intereses es ajena al país. Como mínimo, los intereses del Estado estuvieron implicados en el atentado y su encubrimiento”. La representante de APEMIA finalizó diciendo que “Cristina Kirchner pide ahora un ‘alerta azul’ para ubicar a Stiusso, ocultando que el gobierno ya sabe que Interpol dará de baja próximamente las ‘alertas rojas’ que pidió contra los iraníes hace 10 años”.

APEMIA presentó un proyecto para abrir los archivos secretos en poder del Estado y constituir una Comisión Investigadora Independiente en el marco del Congreso Nacional para esclarecer el atentado e impulsar el juicio y castigo a los responsables. El proyecto está bloqueado por la negativa del partido de gobierno y los líderes de la oposición para tratarlo.

Buenos Aires, 29 de setiembre de 2015

APEMIA

apemia2002@yahoo.com.ar

07/09/2015

SE SUSPENDE “DE HECHO” 
EL JUICIO CONTRA ANZORREGUY

El Tribunal Oral Federal Nº 2 hizo saber que la defensa del ex secretario de la SIDE, Hugo Anzorreguy, pidió que se suspenda el juicio que se le sigue. Sus abogados aducen que padece un estado de deterioro cognitivo que le impediría seguir con atención el desarrollo de las audiencias.

El pedido dio lugar al armado de un incidente especial “sobre Suspensión del Proceso por Incapacidad Sobreviniente”. Los jueces resolvieron ordenar a los médicos forenses que realicen los estudios necesarios y un amplio informe para determinar si sus facultades mentales se ajustan a las normas del Código para declararlo inimputable. En los próximos días, las querellas y la Fiscalía podrán sumar sus propios peritos para participar de esos estudios.

“Sus abogados sugirieron que el hombre presentaría un deterioro cognitivo tan importante y súbito como para cuestionar hasta la posibilidad de ser juzgado. Anzorreguy quiere ser declarado inimputable”, explicó Laura Ginsberg, querellante en la causa por irregularidades y encubrimiento que se sigue contra el ex presidente Menem, el ex juez Galeano y Telleldín, entre otros.

La representante de APEMIA consideró que “No se trata de nada súbito. El ex jefe de la SIDE tiene el hábito de faltar a las audiencias como modo de cuestionar el juicio, que de por sí es bastante limitado. Sobre un total de cuatro jornadas ya realizadas sólo se acercó en una oportunidad hasta una sala contigua para seguir la audiencia por video. Gozó de impunidad durante 21 años y ahora quiere sumar la ‘impunidad biológica’”, agregó Ginsberg.

Hasta que el informe pericial tenga lugar, los jueces lo evalúen y resuelvan lo solicitado, se suspende de hecho el proceso contra Hugo Anzorreguy. La suspensión impedirá su declaración indagatoria y la continuidad del juicio contra él (art. 77 del Código).

 Buenos Aires, 07 de setiembre de 2015


LAS DENUNCIAS CONTRA STIUSO SON ESPEJITOS DE COLORES


La dirección de la Agencia Federal de Inteligencia presentó en conferencia de prensa (28/08/2015) una nueva denuncia judicial contra Antonio Stiuso, ex director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia.
Ahora lo acusan por el delito de “encubrimiento agravado”: “…un verdadero encubrimiento de los responsables de la ejecución” del atentado, según expresan en la denuncia ante el juez. 
Parrilli dijo claramente que se trata de una “cuestión de alta prioridad” para el gobierno, y que los intereses que protegen a Stiuso son los del “diario La Nación, la Embajada de los Estados Unidos y algunos jueces Federales…”. A los jueces “les cuesta mucho firmar una resolución para que un personaje como el ex agente Stiuso venga a rendir cuentas ante todas las causas penales que tiene en la Argentina”, dijo.

Se trata de la ampliación de una denuncia hecha en abril y presentada ante el juez Ercolini.
Sin embargo, el nuevo escrito no aporta nuevas pruebas, limitándose a reinterpretar los hechos denunciados hace cuatro meses: incumplimiento de los deberes de funcionario público y maniobras de ocultamiento de documentación de la causa AMIA.

Aunque parezca increíble, para llegar a la conclusión de que Stiuso es el encubridor criminal… lo acusan a Nisman.
Parrilli y Mena lo dicen textualmente: se trataría de una “irregular delegación efectuada por el entonces Fiscal General a favor del ex Director General de Operaciones…”. “Así las cosas, además de una conducta que excede lo negligente para constituir un verdadero actuar entorpecedor de la investigación por parte de ambos funcionarios, se advierte que la investigación se encontraba plenamente delegada no en el Fiscal Nisman… sino en el Ingeniero Stiuso, conforme un arbitrario e irregular criterio del propio ex Fiscal General, de espaldas al proceso, a las partes y a la sociedad toda.” (Pág. 17). Hablan del “público y notorio esfuerzo de ambos por mostrarse útiles a intereses distintos de los que les imponía su investidura” (Pág. 16), sin que se les ocurra explicar cómo pudo suceder esto durante los últimos 12 años sin que lo advirtieran sus superiores del Poder Ejecutivo, el Judicial o de la Procuraduría.

Peor aún, los Directores de la Inteligencia se escudan tras un pensamiento que parece crítico y  un lenguaje que parece profundo para acusar a Stiuso por su “obrar temerariamente negligente”, lo que equivale a decir por su obrar audazmente perezoso, holgazán, vago.
Un obrar así sería lo opuesto a una acción de encubrimiento agravado. Con esta reinterpretación, Parrilli y Mena banalizan cualquier acusación y, objetivamente, suman al Ejecutivo a los intereses que protegen a Stiuso y a la ex SIDE, mientras simulan hacer una acusación seria.

La presentación de Parrilli contra Stiuso y Nisman vacía de contenido al juicio oral que acaba de comenzar contra Menem, Galeano, Anzorreguy y la plana mayor de la SIDE de entonces. Basta con recordar que en marzo pasado, cuando Stiuso era presentado como un nuevo jubilado, el Poder Ejecutivo lanzó una campaña de prensa y solicitadas para mostrar a este juicio como el que venía a juzgar el “verdadero encubrimiento del atentado”. Ahora resulta que el “verdadero encubridor de los responsables” no quiere volver al país y hasta tendría protección extranjera.

Después de considerar que el Poder Ejecutivo es víctima de la “sintonía fina” de jueces, embajadas extranjeras, senadores y medios, las nuevas denuncias sólo pueden interpretarse como maniobras publicitarias, impotentes para esclarecer nada y con el único objeto de seguir protegiendo al conjunto del Estado de su verdadera responsabilidad en el atentado.

Frente a la incapacidad reiterada de los tres poderes por esclarecer la masacre impune de la AMIA y la cadena de encubrimientos que los involucra, APEMIA vuelve a exigir al gobierno y a los principales partidos de la oposición que asuman el debate parlamentario de estas graves denuncias públicas. Exigimos debatan nuestro proyecto de Ley para constituir una Comisión Investigadora Independiente del atentado impune de la AMIA en el marco del Congreso. Pensamos en una Comisión conformada por personalidades con una trayectoria intachable, con plenas facultades y garantías para realizar una verdadera investigación integral, poniendo a su disposición la apertura de todos los archivos y los recursos necesarios para su tarea. 
El ataque a la AMIA es una herida abierta en la sociedad argentina, una larga grieta que pone en cuestionamiento la legitimidad institucional y su credibilidad social. Para que el atentado a la AMIA deje de ser un símbolo de la impunidad, para esclarecerlo e impulsar el juicio y castigo a todos los culpables, es necesaria una Comisión Investigadora Independiente.

Solicitamos tu apoyo para acompañar y difundir este reclamo.

Basta de impunidad. Exigimos una Comisión Investigadora Independiente de la masacre de la AMIA.


Buenos Aires, 31 de agosto de 2015.

apemia2002@yahoo.com.ar

A pocas horas del inicio del nuevo juicio AMIA
UNA CONFESION INESPERADA
El subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación y coordinador de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, hizo un gravísimo reconocimiento que nadie se atrevió a desmentir.  

En una entrevista con el diario La Nación (03/08/2015) el Dr. Luciano Hazan sostuvo que el atentado a la AMIA es un "crimen de Estado, en el que los tres poderes se complotaron de manera organizada".

Se trata de una confesión impactante a pocas horas del inicio de un nuevo juicio oral por las irregularidades cometidas durante la investigación del atentado a la AMIA.

Su reconocimiento va de la mano del esfuerzo de la prensa oficial por presentar al juicio como si fuera un nuevo “juicio histórico” o como si se tratara de juzgar “el verdadero encubrimiento del atentado”, tal como pretendió la Presidente en sus mensajes y discursos oficiales.

La verdad es bien distinta: se trata, apenas, de juzgar a Menem, Anzorreguy, Galeano, etc. por las  “irregularidades” cometidas contra la fallida investigación judicial de los primeros años, y no por ser artífices y parte de un “crimen de Estado” o de un complot de los tres poderes. Ni siquiera se los acusa de ser parte de un plan oficial de encubrimiento del atentado terrorista contra la AMIA bajo el amparo del Estado nacional. 

El reconocimiento del Subsecretario del Ministerio es doblemente grave porque, por un lado el Estado lleva muchos años protegiéndose de nuestra acusación por su responsabilidad criminal en el atentado y su posterior encubrimiento; y por el otro, los acusados no estarán sentados por este crimen de Estado ni él los acusó por ningún complot, pese a ser quien dirige la querella en nombre del Ministerio de Justicia.

Con sus dichos, el Dr. Hazan puso al próximo juicio oral en su verdadero lugar histórico: se trata de un juicio muy limitado y mezquino, con el objetivo explícito de no juzgar ni el complot de los tres poderes ni el encubrimiento criminal. Estamos en presencia, entonces, de una nueva manipulación que no supera el fracaso del “juicio histórico” anterior. Sin esclarecer ni juzgar este crimen de Estado, carece de sentido afirmar que “las instituciones estarán juzgando a las instituciones”.

APEMIA sí sostiene esta acusación contra el Estado y por ello fuimos reconocidos como querellantes.
Defenderemos esta acusación político-jurídica convencidos de que sólo la conformación de una Comisión Investigadora Independiente y la apertura de los archivos secretos nos permitirá superar tantos años de manipulación, mentiras y encubrimiento de los tres poderes.

Una Comisión Investigadora Independiente ayudará a superar el reconocido fracaso judicial para  avanzar en la investigación y esclarecimiento de las responsabilidades criminales del Estado nacional, e impulsar el juicio y castigo para los culpables que tanta impunidad y dolor han provocado contra nuestro pueblo con este ataque del terrorismo de Estado en democracia.

Buenos Aires, 05 de agosto de 2015.-

APEMIA
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